Cómo Trump y sus abogados están tratando (otra vez) de limpiar su imagen como el primer presidente convicto
Donald Trump, el primer criminal convicto en llegar a la presidencia, tiene a su equipo de abogados luchando para borrar la condena penal por falsificación de registros comerciales que salpicó su campaña de reelección el año pasado.
El miércoles, esa lucha aterrizó en una corte federal de apelaciones en Manhattan, donde un de tres jueces escuchó los argumentos en el largo intento de Trump de conseguir que el caso de Nueva York se traslade de un tribunal estatal a uno federal para que él pueda anularlo por motivos de inmunidad presidencial.
Es una de las formas en que Trump está tratando de anular el histórico veredicto con el que acusaciones de un romance amenazaron con hacer tambalear su campaña presidencial de 2016.
Trump niega la acusación y dice que no hizo nada malo. Fue el único de sus cuatro casos penales que llegó a juicio.
Así ha sido la lucha legal de Trump para borrar su condena
El presidente republicano está pidiendo al tribunal federal de apelaciones que intervenga después de que un juez de un tribunal inferior rechazara en dos ocasiones la medida.
Como parte de la solicitud, Trump quiere que el tribunal tome el control del caso penal y luego decida en última instancia su apelación del veredicto, que está pendiente en un tribunal de apelación estatal.
El Departamento de Justicia de Trump, dirigido ahora en parte por sus antiguos abogados penalistas, respalda su petición de trasladar el caso a un tribunal federal. Si pierde, podría ir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
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"Todo esto pide a gritos un tribunal federal", argumentó Jeffrey Wall, abogado de Trump quien fuera procurador general en funciones de EEUU.
Wall argumentó que la histórica acusación de Trump violaba la sentencia sobre inmunidad presidencial de la Corte Suprema de EEUU, que se dictó el pasado julio, aproximadamente un mes después del veredicto sobre el caso de falsificación de registros comerciales.
La sentencia limitaba los procesamientos de expresidentes por actos oficiales y prohibía a los fiscales señalar actos oficiales como prueba de que las acciones no oficiales de un presidente eran ilegales.
Los abogados de Trump argumentan que los fiscales se apresuraron a ir a juicio en lugar de esperar a la cobertura de noticias sobre el acuerdo para silenciar a Stormy Daniels y las publicaciones que hizo en redes sociales mientras era presidente en 2018.
"El fiscal del distrito tiene las llaves en su mano", argumentó Wall. "No tiene por qué presentar estas pruebas".
No es el primer intento de Trump por borrar su condena
Los abogados de Trump primero trataron de trasladar el caso a un tribunal federal después de su acusación en marzo de 2023, argumentando que los funcionarios federales, incluidos los expresidentes, tienen derecho a ser juzgados en un tribunal federal por cargos derivados de "la conducta realizada mientras estaba en el cargo". Parte de la causa penal se refería a unos cheques que emitió mientras era presidente.
Volvieron a intentarlo tras su condena, unos dos meses después de que la Corte Suprema de EEUU emitiera su fallo sobre la inmunidad.
El juez de distrito Alvin Hellerstein, propuesto por el presidente demócrata Bill Clinton, denegó ambas peticiones, dictaminando en parte que la condena de Trump tenía que ver con su vida personal, no con su labor como presidente.
Un caso “extraordinario” y “anómalo”
Este miércoles los jueces del Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EEUU pasaron más de una hora interrogando al abogado de Trump y al jefe de apelaciones de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que procesó el caso y que quiere que permanezca en un tribunal estatal.
Los jueces, que se mostraron a la vez escépticos y receptivos a los argumentos de la solicitud del presidente, dijeron que tomarían el asunto en consideración y emitirían un fallo en una fecha posterior.
Pero hay al menos una cosa en la que todas las partes están de acuerdo: se trata de un caso muy poco habitual.
Jeffrey Wall, el abogado de Trump, lo calificó como "extraordinario", mientras que la jueza Susan L. Carney, señaló que era "anómalo" que un acusado buscara transferir un caso a un tribunal federal después de que se hubiera decidido en un tribunal estatal.
Carney fue nominada para el 2º Circuito por el presidente demócrata Barack Obama. Los otros jueces que escucharon los argumentos, Raymond J. Lohier, Jr. y Myrna Pérez, fueron nombrados por Obama y el presidente demócrata Joe Biden, respectivamente.
¿Por qué la fiscalía no quiere que el caso de Trump se traslade a una corte federal?
Steven Wu, el jefe de apelaciones de la fiscalía, replicó que es demasiado tarde para solicitar el traslado del caso a un tribunal federal.
Normalmente, una solicitud de este tipo debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a una comparecencia, pero un tribunal federal de apelaciones en Washington DC dictaminó recientemente que se pueden hacer excepciones si se demuestra una "buena causa". Trump no lo ha hecho, argumentó Wu.
Aunque "este acusado es un acusado inusual", dijo Wu, no hay nada inusual en que un acusado invoque decisiones judiciales posteriores, como la sentencia de inmunidad de la Corte Suprema a favor de Trump, cuando apela sus condenas. Esa apelación, argumentó, debe permanecer en el tribunal estatal.
Wu argumentó el miércoles que Trump y sus abogados deberían haber actuado de forma más inmediata tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU, y que al esperar renunciaron a su derecho a solicitar el traslado.
Wall respondió que retrasaron el traslado del caso al tribunal federal porque estaban tratando de resolver el asunto planteando el argumento de la inmunidad al juez de primera instancia, Juan Merchán.
Merchan rechazó finalmente la petición de Trump de anular la condena por motivos de inmunidad y le condenó el 10 de enero a una exención incondicional, dejando intacta su condena pero evitándole cualquier castigo.
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